El Gobierno nacional avanzó con la emisión de títulos para pagar deudas con empresas contratistas de obra pública sin poner efectivo. Según informó Diario de Cuyo, la Resolución Conjunta 59/2026 amplió las emisiones necesarias para un régimen creado en julio, con un cupo máximo efectivo de $221.119,5 millones.
El esquema alcanza certificados de obra, acopio de materiales y redeterminaciones de precios del período entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, además de obligaciones pendientes de contratos extinguidos desde 2024. Quienes adhieran recibirán una canasta de tres instrumentos capitalizables en pesos: 33% en una Letra del Tesoro que vence el 30 de octubre de 2026, 33% en un bono al 15 de enero de 2027 y 34% en otro bono al 30 de abril de 2027.
Las ampliaciones autorizadas suman hasta $171.000 millones nominales, aunque los títulos se entregarán a valor técnico. La operación se imputará a partidas del Ministerio de Economía para deudas de las secretarías de Transporte y Obras Públicas, y la resolución afirma que se mantiene dentro de los límites de endeudamiento del Presupuesto 2026.
La adhesión no es automática y tiene letra chica: las contratistas deben aceptar expresamente cobrar en bonos, firmar un acuerdo para ingresar al Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública y desistir de reclamos administrativos o judiciales vinculados con esas obras, renunciando además a otros créditos relacionados.
En la práctica, el Estado patea parte de los pagos hacia adelante y pone a las constructoras ante una disyuntiva: aceptar papeles con descuento implícito o seguir litigando. Para las constructoras que esperan cobrar desde hace años, la decisión no será sencilla.
Fuente: Diario de Cuyo (06/10/2026).
