Las empresas nucleadas en ATAP negaron haber solicitado que el boleto de colectivo suba a $1.550 y afirmaron que ese monto tampoco cubriría los costos reales del servicio.
Tiempo de San Juan informó que el sector pidió una respuesta provincial sobre salarios, combustible y mantenimiento. Las compañías plantearon que el financiamiento puede surgir de la tarifa, de compensaciones o de una combinación.
La discusión no puede resolverse con cifras aisladas difundidas sin estructura de costos. Los usuarios necesitan saber cuánto cuesta cada kilómetro, qué aportan los subsidios y qué obligaciones de frecuencia y calidad cumplen las empresas.
Antes de modificar el boleto, el Gobierno debe abrir información y explicar el impacto distributivo. Un sistema sostenible requiere previsibilidad empresarial, pero también protección para quienes dependen del transporte y no pueden absorber nuevos aumentos.