El Gobierno nacional incorporó de manera expresa la prevención y el tratamiento de la ludopatía y del consumo de sustancias entre las competencias sanitarias del Estado. El cambio fue dispuesto mediante el Decreto 771/2026, que modificó la Ley de Ministerios.
Según informó Infobae a partir del texto publicado en el Boletín Oficial, la decisión abarca campañas de concientización, investigación, capacitación de equipos y dispositivos asistenciales. El Ejecutivo vinculó la reforma con un estudio oficial de 2025 que detectó que más de una cuarta parte de los estudiantes secundarios había apostado dinero durante el último año, principalmente en plataformas digitales.
La norma también amplía y ordena atribuciones del Ministerio de Salud sobre controles alimentarios, medicamentos y productos sanitarios. El reconocimiento institucional de la ludopatía como problema de salud pública corrige una demora frente a un mercado de apuestas que creció con mayor velocidad que las respuestas regulatorias.
El decreto, sin embargo, sólo define competencias: su eficacia dependerá de presupuesto, prevención escolar, atención accesible y controles coordinados sobre publicidad y acceso de menores. Sin esas herramientas, la incorporación formal del problema corre el riesgo de quedar como una declaración sin capacidad para reducir daños.
