El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, sostuvo que el crecimiento minero debe traducirse en empleo, proveedores y oportunidades para las comunidades, durante el panel sobre inversiones y desarrollo de Council of the Americas. La definición busca correr la discusión del volumen de capital anunciado hacia la distribución concreta de sus beneficios, una tensión que también atraviesa a las provincias cupríferas como San Juan.
De acuerdo con la cobertura publicada este sábado por Huella Minera, Sáenz afirmó que Salta aprobó inversiones superiores a US$5.000 millones durante el último año y proyecta otros US$12.000 millones en boratos, litio, cobre, plata y oro. Presentó la seguridad jurídica, la coordinación con Jujuy y Catamarca y la previsibilidad como activos para captar capital, aunque esas condiciones no garantizan por sí solas que el gasto y el trabajo permanezcan en la economía provincial.
El mandatario reclamó empresas integradas a las comunidades y defendió las reglas que priorizan contratación y compras locales. Ese objetivo requiere publicar padrones, porcentajes de cumplimiento y criterios de selección, porque una política de proveedores puede favorecer a pymes genuinas o convertirse en una barrera administrada sin transparencia. La licencia social depende tanto de los controles ambientales como de la trazabilidad económica de cada proyecto.
Para San Juan, que discute mecanismos similares mientras acelera proyectos de cobre, la experiencia del NOA ofrece una advertencia útil: los compromisos deben medirse antes, durante y después de la construcción. La magnitud de las inversiones importa, pero el balance político y social se definirá por la calidad del empleo, la capacidad de las empresas locales para competir y la rendición pública de los resultados.
