El Gobierno nacional simplificó el concurso para incorporar socios privados a Fabricaciones Militares. El esquema contempla contratos de hasta 35 años y entrega al operador privado la mayoría en la gestión de los proyectos seleccionados.
Infobae informó que una nueva circular modificó requisitos del proceso presentado como una asociación y no como una privatización total. La empresa tiene valor estratégico para defensa y también antecedentes productivos vinculados con provincias mineras.
La llegada de capital y tecnología puede recuperar capacidad industrial, pero la duración de los contratos exige controles especialmente rigurosos. Deben conocerse inversiones comprometidas, riesgos asumidos por el Estado y condiciones de revisión o rescisión.
La etiqueta jurídica no reemplaza el debate de fondo sobre soberanía productiva y transparencia. Si el privado administra y captura la mayor parte del negocio, el Gobierno debe explicar qué conserva el sector público y cómo se protege el interés nacional.
