El desalojo parcial de integrantes de la comunidad Lof Quintriqueo en un lote de El Pedregoso, cerca de Villa La Angostura, volvió a tensar el vínculo entre organizaciones mapuches y el Gobierno neuquino. La diligencia fue ordenada por la Justicia en un litigio territorial iniciado en 2012.
Infobae informó que las comunidades acusaron al gobernador Rolando Figueroa de persecución, mientras el mandatario sostuvo que se trata de un conflicto entre privados y que el Poder Ejecutivo no intervino. La ejecución quedó incompleta por la presencia de menores y la ausencia de funcionarios del área de protección de la niñez.
La existencia de una orden judicial no elimina la obligación estatal de garantizar un procedimiento seguro, documentado y respetuoso de derechos. Tampoco alcanza con reducir el caso a una disputa privada cuando el conflicto involucra reclamos de identidad, ocupación territorial y posibles nuevas medidas de fuerza.
La salida requiere separar las responsabilidades: la Justicia debe fundamentar y controlar sus decisiones, el Gobierno debe prevenir violencia y asegurar asistencia, y las comunidades tienen derecho a presentar pruebas y recurrir. Sin esos resguardos, cada operativo agrava una discusión que lleva más de una década sin resolución política estable.
