Una causa federal por presunta administración fraudulenta de fondos de la Unión Obrera Metalúrgica sumó pedidos para investigar el patrimonio y los movimientos migratorios de María Soledad Calle, empresaria y militante de La Cámpora vinculada a la firma USEM. La presentación también alcanza al ex titular del gremio Abel Furlán y a otras personas relacionadas con el contrato cuestionado.
Según informó Infobae, dirigentes opositores de la seccional Zárate-Campana denunciaron que el acuerdo cedía a USEM la administración del 80% de los aportes sindicales y fijaba honorarios equivalentes al 0,5% de lo recaudado durante diez años. El juez Julián Ercolini ya había ordenado en marzo un allanamiento en la sede nacional de la UOM a pedido del fiscal Eduardo Taiano.
Los denunciantes incorporaron datos sobre propiedades, vehículos y 114 viajes internacionales atribuidos a Calle entre 2010 y 2026, y solicitaron que sean verificados oficialmente. Ella negó irregularidades, sostuvo que no tiene cargos en la UOM ni relación laboral con USEM y afirmó que la eligieron como blanco de una disputa sindical. El interventor del gremio suspendió preventivamente el contrato este mes.
Los bienes y los viajes no prueban por sí solos la comisión de un delito. La cuestión central es si existió conflicto de intereses, cómo se adjudicó el manejo de los aportes y qué controles protegieron el dinero de los afiliados. La investigación deberá separar evidencia de acusaciones internas y garantizar tanto transparencia sindical como derecho de defensa.
