Un grupo de familias de los tres colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan reunió cerca de $3 millones y analiza iniciar una acción judicial por la continuidad de los paros. El reclamo apunta a garantizar las clases y a obtener un plan concreto para recuperar los contenidos que no pudieron dictarse.
Diario de Cuyo informó que unas 250 familias realizaron aportes de entre $10.000 y $30.000 en apenas 24 horas. El estudio jurídico que las representa evalúa presentar un amparo o una acción contencioso-administrativa ante la Justicia federal, ya que los establecimientos dependen de una universidad nacional autónoma.
Los padres aseguran que durante el año se perdieron más de 30 días de clases por medidas de fuerza de docentes y no docentes. El conflicto se origina en el reclamo presupuestario y salarial universitario, pero en el nivel medio tiene un impacto particular: afecta a estudiantes menores de edad que no deciden sobre la protesta ni disponen de alternativas institucionales.
Judicializar el conflicto puede forzar respuestas, aunque también corre el riesgo de desplazar una negociación que requiere compromisos de la UNSJ, los gremios y el Gobierno nacional. La cuestión de fondo no es solamente si habrá nuevas huelgas, sino quién garantizará un calendario de recuperación verificable para que el costo no recaiga sobre los alumnos.
