El Gobierno nacional dispuso una nueva reducción de la red de Registros del Automotor mediante la resolución 411/2026. La norma suprimió 14 oficinas y cerró operativamente otras 13 delegaciones que ya habían sido alcanzadas por decisiones anteriores, mientras reasigna sus competencias.
Desde el inicio de la reforma se ordenó la supresión de 305 registros sobre una estructura que tenía más de 1.500 dependencias. También bajaron algunos aranceles y avanzaron herramientas virtuales, pero la promesa de un sistema completamente remoto todavía choca con expedientes físicos, plataformas parciales y trámites que conservan instancias presenciales.
La reducción puede quitar costos e intermediación a la compraventa de vehículos, aunque el resultado depende de que las oficinas receptoras no acumulen demoras y de que los usuarios del interior tengan alternativas reales. En San Juan, cualquier cambio de jurisdicción debería comunicarse con anticipación y acompañarse con canales digitales estables.
El punto crítico ya no es contar cierres, sino medir tiempos, costos y accesibilidad después de cada reordenamiento. Si la digitalización no avanza al mismo ritmo que la poda administrativa, el ahorro estatal puede transformarse en más traslados y espera para ciudadanos y empresas.
