El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, cuestionó las leyes provinciales de “compre local” y sostuvo que pueden impedir el desarrollo de una economía de escala. Su planteo apuntó especialmente a la minería, donde varias jurisdicciones buscan reservar empleo y contratos para proveedores del territorio.
La posición nacional entra en tensión con la Ley de Desarrollo Local Minero aprobada por San Juan, que fija objetivos de participación para trabajadores y empresas provinciales. El debate enfrenta dos criterios: competencia abierta para reducir costos y herramientas territoriales para que una parte mayor de la renta permanezca donde se extraen los recursos.
Eliminar preferencias sin fortalecer capacidades puede concentrar contratos en grandes firmas externas; imponerlas sin reglas de calidad y precio puede encarecer proyectos o sostener proveedores sin competitividad. La discusión requiere información sobre costos, oferta disponible y cumplimiento, no consignas generales.
La reglamentación sanjuanina debería definir mecanismos transparentes, plazos de adaptación y excepciones verificables cuando no exista oferta local. Nación y Provincia necesitan coordinar criterios para evitar que la incertidumbre normativa termine perjudicando tanto a las inversiones como al desarrollo empresarial sanjuanino.
