El Gobierno nacional reunió en las últimas semanas una serie de medidas destinadas a mejorar la liquidez, contener algunos aumentos y reactivar el crédito. El giro incluye una renovación parcial de deuda que liberó más de $500.000 millones, fondos de ANSES para hipotecas y reglas más flexibles para préstamos empresariales en dólares.
Según un relevamiento de Infobae, el paquete también contempla aumentos de tarifas energéticas por debajo de la inflación proyectada, mayores bonificaciones eléctricas para hogares vulnerables, la postergación del ajuste de impuestos a los combustibles y subas escalonadas para fuerzas federales y parte del empleo público.
La estrategia reconoce un problema que el equilibrio macroeconómico no resolvió: la mora bancaria se acercó al 13% en julio y varios sectores salariales continúan rezagados. Bajar tasas y sumar crédito puede ofrecer oxígeno, pero también corre el riesgo de trasladar hacia adelante el deterioro de ingresos si la recuperación del empleo formal no acompaña.
El alcance real del plan dependerá de que los bancos transformen la liquidez en préstamos accesibles y de que las paritarias recompongan poder de compra sin quedar absorbidas por tarifas y otros precios regulados. Sin una mejora sostenida de ingresos y actividad, el alivio puede ser transitorio y desigual.