Vecinos de Santa Lucía que viven en la zona de las calles Balcarce y Pellegrini y el Club Atlético Argentino llevaron a la Justicia un problema que, según cuentan, arrastran desde hace años: una invasión de moscas que atribuyen a una granja avícola ubicada cerca del cementerio municipal y lindera al predio del club. Tras no obtener respuestas de los organismos municipales y provinciales, presentaron una denuncia ante la Policía Ecológica, que la derivó al Segundo Juzgado de Faltas de la provincia, informó Diario Huarpe.
El abogado de los denunciantes explicó que el juzgado ya tomó intervención y que esta semana pedirá la documentación del criadero para verificar en qué condiciones funciona y definir las medidas a tomar. Su argumento central es urbanístico: la zona hoy es mayormente residencial, con barrios privados, clubes y comercios, y “esto no se resuelve por antigüedad”, aunque el establecimiento esté allí desde hace muchos años.
La denuncia se apoya en un estudio técnico elaborado en agosto de 2026 por el Grupo de Estudio en Diversidad de Invertebrados y Artropodología Aplicada (Gedinaa). Con trampas cebadas colocadas en el club y en un sitio de control a 1.250 metros, los investigadores capturaron 1.512 moscas a mediados de julio, en pleno invierno. La mosca doméstica fue mucho más abundante junto al establecimiento avícola: 467 ejemplares frente a 158 en la zona de control. El informe advierte que el guano y la humedad favorecen la reproducción, que la especie puede transportar más de 65 patógenos, como Salmonella o E. coli, y que la población crecerá en primavera y verano.
Los testimonios describen el impacto cotidiano. En el gimnasio del club entrenan con las ventanas cerradas y ya fumigaron cuatro veces sin resultados; desde el Centro Comercial e Industrial de Santa Lucía contaron que compran en Mendoza un veneno dolarizado y que, aun así, los socios dejaron de ir al club los fines de semana.
El caso deja una pregunta que excede a Santa Lucía: por qué hizo falta que los vecinos pagaran un estudio científico y fueran a la Justicia para que el Estado revise las condiciones de un criadero en una zona que el propio municipio dejó urbanizar. Lo que corresponde ahora es que los controles sanitarios y ambientales se hagan con transparencia, que la granja pueda presentar su descargo y que la decisión llegue antes del verano, cuando el problema se agrava.
