La detención de Walter Ferreri, titular del Sindicato de Conductores de Taxis de San Juan, reactivó la revisión de causas penales que involucraron a dirigentes gremiales de la provincia. Ferreri fue denunciado por presunto abuso sexual simple y el proceso recién comienza.
Diario de Cuyo repasó antecedentes con resultados diferentes, desde condenas firmes por delitos sexuales hasta expedientes que terminaron sin condena. Esa diversidad obliga a distinguir con precisión entre denuncia, imputación, prisión preventiva y sentencia.
La relevancia pública de un dirigente no reemplaza la prueba judicial ni habilita condenas anticipadas. Pero las organizaciones tampoco pueden refugiarse en la autonomía sindical para ignorar denuncias graves: necesitan protocolos, mecanismos de apartamiento preventivo y asistencia a denunciantes.
El desafío es sostener dos garantías simultáneas: protección efectiva para posibles víctimas y debido proceso para las personas investigadas. Comunicar cada etapa con rigor evita tanto la impunidad corporativa como el daño irreparable de presentar una acusación como veredicto.
